El 18 de noviembre de 2025 será recordado como el día en que la justicia española se enfrenta a uno de sus exámenes más duros de los últimos años. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se reúne para deliberar y votar los recursos de apelación en el conocido como “caso Mariló Montero”, un procedimiento que lleva más de una década en los juzgados y que ha mutado de lo civil a lo penal con consecuencias devastadoras para el acusado: el fotógrafo José María Arrabal.

Arrabal ya fue condenado en primera instancia a diez meses de prisión, multa diaria de 10 euros durante 20 meses, inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante tres años y al pago de una indemnización de 30.000 euros. Ahora, la presentadora y ganadora de MasterChef Celebrity pide seis años de cárcel, inhabilitación de ocho años y 300.000 euros de indemnización por unos hechos que, según la defensa, nunca ocurrieron: la supuesta toma y tentativa de venta de fotografías comprometedoras de Mariló Montero en 2014.

Lo que empezó como una denuncia por vulneración del derecho a la intimidad se ha convertido en un laberinto judicial que pone en cuestión los límites entre la percepción subjetiva de la víctima, la presión mediática y la exigencia de pruebas objetivas. Arrabal mantiene desde el primer día que jamás fotografió a Montero en situación alguna de intimidad, que nunca intentó vender imagen alguna y que las únicas fotos que tomó fueron en la vía pública y con el conocimiento de la presentadora. Sin embargo, la sentencia de primera instancia consideró acreditado el delito de descubrimiento y revelación de secretos basándose fundamentalmente en el testimonio de la denunciante y en indicios que la defensa califica de “cadena de errores y contradicciones”.

Durante el juicio, celebrado en 2023, la defensa desmontó punto por punto la versión de la acusación: no existe ninguna fotografía, ningún archivo digital, ningún mensaje ofreciendo imágenes, ninguna transferencia bancaria ni testigo directo que viera al acusado tomar fotos comprometedoras. El propio perito informático de la acusación reconoció que no había rastro alguno en los dispositivos intervenidos. A pesar de ello, el juez consideró que la “intención” era suficiente para condenar.

El caso ha trascendido lo estrictamente jurídico para convertirse en un símbolo de lo que muchos ciudadanos perciben como “justicia mediática”. Programas de máxima audiencia, portadas de revistas y declaraciones públicas de Mariló Montero afirmando sentirse “violada” por unas imágenes que nadie ha visto nunca han creado una narrativa que, según Arrabal, condicionó desde el principio la instrucción y la sentencia.

“Me han condenado por lo que alguien dice que sintió, no por lo que hice”, declara el fotógrafo, que lleva once años sin poder trabajar con normalidad y ha agotado todos sus ahorros en procedimientos judiciales. “He perdido la fe en la justicia. Cuando ves que los hechos probados no coinciden con la realidad que viviste, entiendes que algo está profundamente roto”.

El recurso de apelación presentado ante el TSJC solicita la absolución total o, en su defecto, la repetición del juicio por vulneración de derechos fundamentales. La defensa alega indefensión, falta de motivación en la sentencia y error patente en la valoración de la prueba. Además, denuncia la desproporción de la pena solicitada por la acusación particular: seis años de cárcel por unas fotos que nunca existieron.

Organizaciones de periodistas y asociaciones de fotógrafos han mostrado su preocupación por el precedente que supondría confirmar la condena: convertiría en delito la mera intención de fotografiar, aunque no se llegue a materializar, y abriría la puerta a condenas basadas exclusivamente en la percepción subjetiva de la víctima sin necesidad de prueba material.

La deliberación del TSJC no solo decidirá el futuro profesional y personal de José María Arrabal; pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial español para resistir la presión mediática y mantener la exigencia de pruebas objetivas por encima de la fama o el impacto emocional de los testimonios.

Mientras la sociedad espera la resolución, el caso Mariló Montero obliga a hacerse preguntas incómodas: ¿puede la justicia condenar por lo que alguien cree que pudo pasar? ¿Es compatible la presunción de inocencia con la cobertura mediática masiva de ciertos personajes? ¿Hasta dónde llega el derecho a la propia imagen y dónde empieza el castigo por intenciones nunca consumadas?

El próximo fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no solo afectará a dos personas: será un termómetro de la salud democrática de la justicia española en tiempos de polarización y poder mediático desmedido. La ciudadanía observa y, cada vez más, juzga a quienes tienen la responsabilidad de juzgar.