La mañana del 18 de noviembre de 2025 pasará a la historia como el día en que Almería dejó de ser un oasis de estabilidad para el PP andaluz y se convirtió en el epicentro de uno de los mayores escándalos de corrupción de la década. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió al amanecer en la Diputación Provincial, en el Ayuntamiento de Fines y en varios domicilios privados, deteniendo a nada menos que al presidente de la institución, Javier Aureliano García (a la vez presidente provincial del Partido Popular), al vicepresidente Fernando Jiménez, al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, y a una decena de cargos intermedios y empresarios.

La operación, bautizada internamente como “Thor-Almería”, tiene su origen en los contratos de emergencia de mascarillas y material sanitario adjudicados durante la pandemia por valor de más de 60 millones de euros. Lo que en 2020 se presentó como gestión rápida y eficaz ante la crisis del COVID-19 se ha revelado ahora como una presunta trama de corrupción, blanqueo de capitales, cohecho y pertenencia a organización criminal.

El eje de la investigación es la empresa Thor Corporate Ibérica, una sociedad con sede en Barcelona que, según la UCO, estaba vinculada a redes de narcotráfico y tráfico de armas en Cataluña y que habría servido como vehículo para blanquear dinero procedente del crimen organizado a través de contratos públicos en Almería. Los investigadores llevan cuatro años siguiendo el rastro de comisiones ilegales que oscilan entre el 10 % y el 20 % del importe de cada adjudicación, pagadas en efectivo y referidas en chats encriptados con códigos tan burdos como “talla 10” o “talla 20”.

Los registros practicados han sido demoledores: bolsas con cientos de miles de euros en efectivo, documentación falsa, contratos duplicados y mensajes de WhatsApp en los que los ahora detenidos coordinaban la distribución de mordidas con total naturalidad. Especialmente grave es la implicación del entorno familiar del alcalde de Fines, convertido en el supuesto “repartidor” de las comisiones.

El impacto político es devastador. Javier Aureliano García no era un cargo cualquiera: controlaba la Diputación desde 2019, presidía el PP de Almería y era uno de los barones con más peso dentro del partido en Andalucía. Su detención abre una crisis sin precedentes en el feudo tradicionalmente conservador y pone en jaque la estrategia de Juanma Moreno de presentarse como garante de la limpieza institucional.

El PP nacional, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, ha optado por la prudencia verbal mientras suspende cautelarmente de militancia a los detenidos y anuncia una auditoría interna. Sin embargo, fuentes internas reconocen que el daño ya está hecho: Vox ya ha iniciado una campaña bajo el lema “El PP de Almería es el PP de siempre” y el PSOE andaluz prepara una ofensiva parlamentaria para exigir responsabilidades políticas al presidente Moreno Bonilla.

Este caso reabre heridas que nunca cicatrizaron del todo. La ciudadanía recuerda el caso Coldo, el escándalo de las mascarillas en Madrid o los ERE de Andalucía, y percibe que la corrupción no entiende de colores políticos ni de comunidades autónomas. El hecho de que se produjera durante la pandemia, cuando miles de andaluces morían y el resto luchaba por conseguir una simple mascarilla, añade una dimensión moral que multiplica la indignación.

La juez instructora, que ya sufrió intentos de recusación por parte de algunos investigados, ha recibido el respaldo expreso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y mantiene el secreto de sumario. Las pesquisas, según fuentes judiciales, no se limitan al material sanitario: también se investigan adjudicaciones de obra pública, servicios de limpieza y hasta contratos menores que podrían elevar la cifra defraudada a varias decenas de millones de euros.

Almería, una provincia que presumía de estabilidad institucional, se encuentra ahora ante un vacío de poder absoluto. La Diputación está descabezada, varios ayuntamientos gobernados por el PP han quedado intervenidos judicialmente y el partido se enfrenta a una sangría de votos que las encuestas internas ya empiezan a cuantificar.

Este no es solo un escándalo local: es el enésimo recordatorio de que los mecanismos de control institucional siguen siendo insuficientes, que la contratación de emergencia se convirtió en la puerta trasera perfecta para la corrupción y que los partidos políticos, da igual su color, siguen sin depurar responsabilidades con la contundencia que la sociedad exige.

La ciudadanía está cansada de ver cómo quienes gestionaron la mayor crisis sanitaria del siglo presuntamente se lucraron mientras los ciudadanos hacían cola para comprar mascarillas a precio de oro. La detención de la cúpula del PP almeriense no es solo un golpe judicial; es un toque de atención a todo el sistema político español.

La pregunta ahora es clara: ¿servirá este nuevo escándalo para impulsar una regeneración real o volveremos a asistir al mismo guion de siempre: detenciones, titulares, recursos, prescripción y olvido? La respuesta la tendremos en los próximos meses, pero lo que ya es evidente es que Almería, Andalucía y España entera merecen instituciones que estén a la altura de las circunstancias y no al servicio de unos pocos.